Equipo de Gobierno tras la moción de censura. /
La revista local Azagala, que ha tenido acceso a la sentencia, informa que el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Badajoz ha rechazado el recurso presentado por Marisa Murillo, Laura Santalla, Inmaculada Becerra, Juan Cordero y Ángela Estévez, que pretendía la anulación de la moción de censura que apeó de la alcaldía a Murillo el pasado 10 de mayo y, en consecuencia, que el gobierno volviera a sus manos, al grupo no adscrito, actualmente en la oposición. Según la sentencia, el juez considera que la moción de censura es legal, se ajusta a derecho, y no es ilegítima, como viene señalando Murillo pleno tras pleno. Además, los cinco concejales seguidores del anterior alcalde, Ángel Vadillo, tendrán que pagar los costes del procedimiento, además de al abogado. La ex alcaldesa y sus concejales pedían que se anulara la diligencia de la secretaria municipal, mediante la cual esta señalaba que la moción cumplía los requisitos legales, y que se anulara igualmente el acuerdo del pleno en el que se cesaba a Marisa Murillo de su cargo y se elegía a Manuel Gutiérrez como nuevo alcalde. Además, pedían que el Ayuntamiento pagara los costes, la alcaldesa volviera a tomar el bastón de mando y se le abonaran las cantidades dejadas de percibir. El abogado de Murillo y sus ediles argumentaba que, al haber pertenecido Juan Carlos Prieto al grupo socialista, la mayoría para aprobar la moción no debía ser de 7 concejales, que es el número de la mayoría absoluta del pleno al estar compuesto por 13 ediles, sino de 8. Sin embargo, la defensa señalaba que Prieto no cambió nunca de grupo, o sea que no es un tránsfuga, como le acusa Murillo, sino que éste siguió en el grupo del PSOE, con el que concurrió a las elecciones, y fueron Murillo y sus concejales los que dejaron de pertenecer al grupo socialista al ser expulsados del mismo. Esa es la clave de todo, que Juan Carlos Prieto nunca se «desvinculó» del PSOE, y la que lo hizo fue la demandante Marisa Murillo. «Es la alcaldesa contra quien se dirigió la moción quien ha cambiado su formación política inicial para pasar a la consideración de concejal no adscrito», al igual que ocurrió con sus compañeros. Por tanto, bastaba, como así fue, con el voto de siete concejales para hacer prosperar la moción de censura.La sentencia, que se basa tanto en la legalidad como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional para dar la razón a la parte demandada, deja claro que no se vulneran los derechos fundamentales de las personas elegidas democráticamente y que en este caso «no existe transfuguismo político». Y concluye calificando la moción de censura como «una medida de regeneración democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad de la vida municipal».
